Rechazamos el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a las devoluciones sumarias

Bayt al-Thaqafa, como entidad miembro de Red Acoge, nos sumamos al comunicado emitido por esta federación con motivo de la anulación de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la condena de 2017al Estado español por las prácticas de devoluciones sumarias a Frontera Sur.

En el comunicado denunciamos que la culpabilización de las personas que intentaron cruzar la frontera por no utilizar los procedimientos oficiales de entrada, como se argumenta en el fallo, evidencia un desconocimiento inaceptable de los derechos más básicos que asisten a las personas que huyen de sus países, por parte de un Tribunal que debería protegerlos.

Las escasas vías legales existentes, y las dificultades de acceso a ellas por parte de las personas que intentan cruzar las fronteras, hacen que miles de personas pongan en riesgo su vida todos los días obligándolas a migrar a través de vías irregulares. Este es solo uno de los elementos que conforman una política migratoria caracterizada por el cierre de fronteras y el bloqueo a la libre circulación de personas.

Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ninguna persona puede ser retornada a un tercer país sin su consentimiento libre e informado y en ausencia de toda intervención administrativa o judicial previa, independientemente de su estatus migratorio o de la vía de entrada en el país.

Las devoluciones sumarias infringen un trato degradante e inhumano a las personas que cruzan una frontera. A estas personas les asisten diferentes derechos para darles protección, como el derecho a solicitar asilo, a atención letrada, interpretación, atención médica, acceso a la tutela judicial efectiva, a recurrir ante los tribunales de la propia expulsión y el derecho a la vida.                                                                                   

Independientemente de esta resolución, la práctica de devoluciones sumarias continúa dándose en nuestras fronteras. Numerosos organismos de Naciones Unidas han denunciado esta práctica realizada por el Estado español, y han reiterado la necesidad de modificar la legislación española y poner fin a la ejecución de devoluciones sumarias que vulneran los derechos de las personas migrantes.

Por este motivo reiteramos al Gobierno español su obligación de cumplir con el principio de no devolución, independientemente de la vía de entrada al país y denunciamos los obstáculos a los que se enfrentan las personas para migrar. El Estado español tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas durante la atención, identificación y acogida en sus fronteras y éstas no pueden ser devueltas ya que, de hacerlo pondrían nuevamente en riesgo su vida.

Las políticas cuyo objetivo es frenar y limitar la migración, solo sirven para exacerbar los riesgos a los que se exponen las personas migrantes y crear zonas de ilegalidad e impunidad en las fronteras. Unas fronteras que no pueden convertirse en zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos. El Estado español tiene derecho a ejercer su jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo conforme al a sus obligaciones.