#PadróSónDrets
El empadronamiento es el procedimiento administrativo por el que una persona es considerada vecina de una localidad y reconoce derechos básicos como son el acceso a la salud, la educación, prestaciones sociales, ayudas de urgencia social, etc. Para las personas migradas, también es necesario para tramitar el informe de arraigo, la reagrupación familiar, regularizar la situación administrativa, obtener el permiso de residencia, etc. Para los ayuntamientos, el padrón municipal es la base para planificar las políticas públicas más adecuadas a su población, adelantarse a las necesidades y también afecta a su financiación. Es de interés general disponer de un padrón que refleje la realidad al máximo.
Todas las personas tienen el deber de empadronarse y todos los ayuntamientos están obligados, por la Ley reguladora de las bases de régimen local, a facilitar el empadronamiento a todos y todas quienes residan en una localidad, independientemente de su situación administrativa, origen, la existencia de controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda o las circunstancias físicas o higiénicas y sanitarias que afecten al domicilio, etc. Además, la misma ley exige a los entes locales que sean proactivos para hacerlo posible en los casos más complejos, como es el de las personas en situación de sin hogar o el de las personas que no disponen de documentación que acredite que residen en una determinada vivienda. Pero la realidad es que el derecho al empadronamiento - y por tanto, el acceso a servicios esenciales - no se cumple de igual manera en todos los municipios. De hecho, son pocos los ayuntamientos que a día de hoy cumplen la normativa. La mayoría de personas en situación de sin hogar o que no pueden demostrar documentalmente que residen en su domicilio, reciben una negativa cuando solicitan empadronarse, o se les pone trabas y obstáculos, principalmente dilaciones indebidas o pedir más trámites de los exigidos por la ley.
La crisis sanitaria, social y económica provocada por Covid-19 no ha hecho más que agravar esta vulneración de derechos, ya que las personas en situaciones más complejas son las que están sufriendo más los efectos, pero no pueden acceder a derechos básicos vinculados al empadronamiento para mejorar su situación y afrontar la recuperación con más seguridad. Por este motivo, el Ayuntamiento de Barcelona, de la mano de entidades, ha hecho un llamamiento a todos los municipios de Cataluña para que cumplan con su obligación e impulsen políticas de empadronamiento activo para garantizar que ningún vecino o vecina siga en situación de exclusión.
En nuestra labor de acompañamiento a personas migradas, en Bayt al-Thaqafa somos testigos de las dificultades que tienen nuestros vecinos y vecinas para ejercer su derecho al empadronamiento así como las consecuencias de esta vulneración en sus vidas y las de sus familias. Por ello, apoyamos el llamamiento para exigir a los ayuntamientos que cumplan la normativa, faciliten el empadronamiento de todas las personas y se garanticen y protejan los derechos de todos los vecinos y vecinas.
En el siguiente enlace puede encontrar el vídeo de la campaña, con la reivindicación de las múltiples entidades que participan en esta iniciativa: Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, Càritas, Coordinadora Obrim Fronteres, Irídia, Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, Centre ASSIS, Institut de Drets Humans de Catalunya, Marea Blanca, Mujeres Migrantes Diversas y Sindillar.
