Los derechos humanos, por encima de cualquier ideología

Los alarmantes pactos alcanzados recientemente por algunos partidos políticos y las propuestas discriminatorias de determinadas formaciones nos llevan a reivindicar los derechos humanos como no negociables y por encima de cualquier ideología.

El pasado 10 de diciembre, el Estado español firmó el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular que supone un abordaje internacional de las políticas migratorias anclándolas en el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, para la formación del gobierno en Andalucía el Partido Popular y Vox adoptaron compromisos que van en términos del todo contrarios a los del Pacto Mundial:

• Evitar decisiones que puedan favorecer un “efecto llamada” y combatir a las mafias que trafican con personas.
• Apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral.

Ante estos hechos y teniendo en cuenta que se acercan unas elecciones a las que concurrirán formaciones cuyas propuestas criminalizan a las personas migrantes, van en contra de la inclusión social, vulneran derechos tan básicos como el derecho a la vida, al acceso a la salud o a la dignidad, nos sumamos al posicionamiento de Red Acoge, federación de la que formamos parte:

• Recordamos que la migración es intrínseca al ser humano. Ha sido y es una realidad que no se puede ni se debe frenar. Las personas son expulsadas de sus países por la pobreza, la violencia, la discriminación y la mala gobernanza. Así pues, no existe un efecto llamada.  Cuando unas rutas son bloqueadas, las personas buscan otras, independientemente del peligro que suponga para sus vidas. La imposición de limitaciones a la migración es parte del problema, no de la solución.
• Como hemos repetido en numerosas ocasiones, las políticas de disuasión, externalización, militarización y robustecimiento de la seguridad del control de fronteras causan miles de muertes y suponen una grave vulneración del derecho a la vida de las personas migrantes. El concepto de “protección de fronteras” criminaliza, en sí mismo, a las personas, al prejuzgar la necesidad de establecer medidas concretas de defensa para evitar el supuesto “daño” causado por migrantes.
• En cuanto al término “legal”, existe un rechazo internacional al calificativo “ilegal” para referirse a una persona sin documentos porque este término estimula la estigmatización e incluso la criminalización.
• Con relación al planteamiento de garantizar una inmigración respetuosa con nuestra cultura occidental, recalcamos que la obligación de los poderes públicos es garantizar una migración respetuosa con los derechos humanos, sin discriminación alguna, independientemente de su cultura.
• La vinculación de la migración “siempre” al mercado laboral supone una mercantilización de las personas y una restricción al importante papel que las personas migrantes juegan como impulsoras y facilitadoras del desarrollo humano. Su integración social en los países de acogida tiene un efecto positivo en el conjunto de la sociedad.

Fomentar la diversidad como un valor social

Las políticas en materia de migración y de gestión de la diversidad deben basarse en la defensa de los derechos humanos y han de fomentar la interculturalidad. Si nos fijamos en la intervención que realizó la Oficina de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento de Barcelona en el proceso de apertura de un oratorio en Nou Barris encontraremos interesantes elementos de reflexión para la incorporación de las distintas culturas y creencias religiosas en el espacio público. 

La actuación se enmarcó en una política más amplia de defensa de los derechos fundamentales, más allá del abordaje del caso concreto. Se tuvo en cuenta a todos los agentes y entidades implicados y se trabajó para acercar posturas y acabar con miedos y prejuicios. Por su parte, algunas entidades locales organizaron actos y lanzaron manifiestos para reivindicar la diversidad como un valor para el barrio.

Es un deber de todas las administraciones desarrollar políticas que promocionen la interculturalidad, pues la diversidad es un valor social al que la ciudadanía no podemos permitirnos renunciar.