Un informe advierte de las vulneraciones de derechos en el sistema de protección internacional
Red Acoge, federación de la que Bayt al-Thaqafa forma parte, es una de las entidades que ha elaborado este informe que utilizará la ONU para su Examen Periódico Universal (EPU) el próximo enero. El EPU es un mecanismo de seguimiento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con el que, de manera quinquenal, se revisa la situación de los derechos humanos en los 193 países miembros de la ONU. Para este examen Naciones Unidas cuenta con los informes de los propios estados, la información que se recoge a través de diferentes organismos y mecanismos de la ONU y las aportaciones de las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil.
Según señala el informe sobre el sistema de protección internacional en el Estado español, una de las principales causas de las graves deficiencias es la falta de desarrollo reglamentario de la ley 12/2009 para que se cumpla la obligación de transponer la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de protección internacional. En cambio, se produce una arbitrariedad y dispersión de procedimientos que genera una grave situación de inseguridad jurídica a las personas solicitantes de asilo.
Vulneraciones de derechos
El informe recoge las vulneraciones de derechos de las personas solicitantes de protección internacional desde el propio acceso a través de las fronteras hasta su incorporación en el sistema.
En las solicitudes de asilo en frontera, no se está respetando el principio de no devolución y se favorece una política de repatriación, contraria a lo establecido en la legislación internacional. Además, no se cumplen las garantías procesales del acceso al procedimiento de asilo. Se han detectado irregularidades como falta de información y privacidad en las entrevistas o la ausencia de intérpretes.
El documento señala también que las fases de admisión a trámite e instrucción se han convertido en una lista interminable de trabas y dificultades, con procesos poco formales, cada vez más complejos y cambiantes, que generan una grave inseguridad jurídica y agravan las situaciones de vulnerabilidad. Se incumplen los plazos legales establecidos para formalizar las solicitudes de asilo y existe una gran disparidad entre comunidades. En algunas ciudades las citas para formalizar la solicitud pueden tardar más de un año.
Las entidades que han elaborado el informe instan a revisar las actuales prácticas para garantizar un sistema de asilo y acogida que respete, proteja y haga efectivos los derechos de las personas solicitantes de protección internacional.
Campaña de adhesiones
Ante la situación, se ha iniciado una campaña para que otras entidades se adhieran y apoyen el informe y así sumar fuerzas con el objetivo de que se incluyan las recomendaciones recogidas en el documento.
Las entidades pueden adherirse en este enlace.
El informe lo presentan conjuntamente como PlatRefugio las siguientes entidades: ActívaT en Derechos Humanos, Andalucía Acoge, Asociación ELIN, Asociación Pro Derechos Humanos de España, CESAL, Diaconía, Federación SOS Racismo, Foro de abogad@s de izquierdas – Red de abogad@s demócratas, Fundación la Merced Migraciones, Irídia – Centro para la defensa de los Derechos Humanos, Movimiento por la Paz (MPDL), Pueblos Unidos – SJM, Provivienda, Red Acoge y Stop Mare Mortum.
Podéis consultar el informe completo en este enlace.
