Las citas de extranjería, un sistema que institucionaliza la arbitrariedad
Autoría: Ana Gómez, abogada de IACTA Sociojurídica SCCLP.
Cada vez que un servicio no funciona o lo hace de manera irregular genera frustración e impotencia. Pero, ¿qué ocurre cuando un proyecto de vida depende de un sistema que institucionaliza la arbitrariedad? Esto es lo que les pasa a miles de personas migrantes que tienen muchas dificultades para acceder a los papeles, y una vez que pueden cumplir los requisitos, la discrecionalidad con la que se implementa el procedimiento se convierte en un nuevo factor de control y desprotección.
Hablamos de arbitrariedad a diferentes niveles y en múltiples manifestaciones, algunas más evidentes, otras más sutiles pero no por ello menos determinantes. Las personas migrantes están sometidas a un régimen de excepcionalidad y violencia institucional producto de la legalidad diferenciada que las somete al conjunto de la política migratoria española. En términos generales, la situación de excepcionalidad se hace eco de los discursos y narrativas dominantes que a menudo se vinculan al hablar de migración: crisis de los refugiados, aludes, afluencia masiva ... Esto legitima políticas y prácticas en un mismo sentido: a situaciones excepcionales , respuestas excepcionales. Nos estamos refiriendo a un vínculo politicoestructural entre excepcionalidad y migraciones que da lugar a un vínculo jurídicoestructural entre estados de excepción y migraciones. Desmontar estos tópicos supondría escribir otro artículo especial, pero en esta ocasión nos detendremos a reflexionar un tema concreto: el tiempo de espera para obtener citas a la Oficina de Extranjería de Barcelona.
Barcelona es la provincia donde más citas se solicitan de todo el estado español, y la respuesta casi normalizada a esta demanda es la misma: «No hay citas disponibles». Las causas de estas disfunciones, nos dicen, se deben a algunas irregularidades detectadas en la aplicación informática, o el incremento de los trámites que requieren comparecencia personal. También durante el periodo estival se gestiona el grueso de las estancias de estudiantes, lo que, sumado a la reducción de la jornada laboral de los funcionarios y algún festivo local, da como resultado el colapso del sistema.
Pero más allá de las respuestas, las que trabajamos en derecho de extranjería y las mismas personas migrantes sabemos que se trata de un problema que viene de años y que en realidad no son incidencias aisladas o producto de una coyuntura determinada, sino que la anormalidad en la obtención de citas es parte de un sistema de violencia institucional que busca disciplinar y mantener en situación de subordinación a las personas migrantes. El sociólogo argentino Javier Auyero afirma que la espera se instituye como herramienta de control hacia las personas pobres, un mecanismo de dominación que opera como una manera de anular el sujeto político, al condicionar la capacidad de acción y generar una subjetividad especial.
En España primero se debe esperar al menos tres años para poder acceder a una residencia regular. Después, la respuesta de las administraciones auxiliares para reunir los informes previos, a lo que se suma más tiempo aún para conseguir la cita en la Oficina de Extranjería. Posteriormente, una vez iniciado el trámite, se debe esperar (de nuevo) que la administración resuelva y después para que, en caso de una resolución desfavorable, se considere el recurso presentado.
Se podría pensar que estamos ante un problema general; no se puede separar el tiempo de espera de cualquier trámite, pero en materia de extranjería la agonía de la espera tiene un impacto diferencial. No sólo es la cantidad de tiempo invertido, es también la incertidumbre involucrada en la espera. Tener o no tener papeles depende del reconocimiento de la persona extranjera como sujeto de derechos en esta sociedad, o el ejercicio de la vida familiar, y es aquí donde reside la potencialidad disciplinaria.
Hace muy poco se tramitó una residencia para una niña menor de edad por medio de su madre, ambas brasileñas. La madre, con mucho esfuerzo, pudo reunir los requisitos para poder regularizarla. Después de muchos meses de intentos, el mes de diciembre del año pasado se pudo conseguir la cita y la fecha otorgada fue en abril de este año. Pero hubo algo más: la niña cumplió 18 años el mes de febrero, es decir, entre la fecha de solicitud y la obtención misma de la cita. El día en cuestión se presentaron ambas, con todos los documentos preceptivos y, por supuesto, con el comprobante de la cita. Pero la oficina de extranjeros de oficio dio de baja el trámite. «Usted no puede regularizar su hija; es mayor de edad », les dijeron. Y volver a empezar.
Si aplicáramos como abogadas las normas del sentido común, pensaríamos que se pueden activar vías legales para que esta situación se rectifique, pero en extranjería juegan otras reglas, las que ponen a prueba la lógica y la razonabilidad en cada trámite. La excepcionalidad se materializa en este tipo de prácticas. Una posible opción es intentar la vía recursiva, pero se demorará años en resolver y una vez más el mecanismo de dominación de la espera se activará con toda su intensidad.
Necesitamos entender la excepcionalidad que viven las personas migrantes en el marco de la violencia institucional racista; no podemos seguir asociándola a simples actos discriminatorios. El racismo, como producto de la modernidad eurocentrista, es un sistema de jerarquías de poder que se estratifica y separa a las personas en función de diferentes marcadores, como son la nacionalitat, el estatus migratorio, etc. Todo esto condiciona el acceso a derechos, oportunidades y recursos.
Las normas jurídicas no tienen una formulación neutra, sino que son respuestas legales asumidas desde determinadas perspectivas para la regulación de diversas situaciones sociales.
En materia migratoria, la securitización y el control de fronteras por un lado y la instrumentalidad de las personas migrantes de la otra erigen en paradigmas de la política migratoria española y europea. Estos objetivos tienen ganadores y perdedores, crean privilegiados y oprimidos. Los que pueden aprovecharse directamente e indirectamente de los muchos beneficios de una clase trabajadora desprovista de derechos, mano de obra sumisa, en permanente disponibilidad, y los que pueden ser deshumanizados y por ello excluidos, criminalizados y controlados constantemente.
La falta de citas fue denunciada por la comunidad migrante y refugiada en Barcelona. Actualmente como acción política permanece el encierro en la antigua Escuela Massana para exigir, entre otras reivindicaciones, la derogación de la ley de extranjería, identificada como eje regulador de la violencia institucional. La política migratoria española debe cambiar hacia enfoques más realistas, coherentes e inclusivos, y para que este cambio sea posible hay que estar implicada la sociedad en su conjunto.
Artículo publicado originalmente en diarijornada.coop
