El derecho a la educación de las personas menores en situación irregular, un reto de todos y todas

Vivir en situación irregular representa una vulneración de derechos sistemática. Desde Bayt al-Thaqafa hemos detectado diferentes casos y situaciones en las que el derecho de educación no se hace efectivo. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que se encuentran las personas en situación irregular que quieren formarse?

Aymane es un chico de 17 años que reside en Barcelona con su madre y su hermano. Llegó a la ciudad condal con 15 años y empezó a estudiar cuarto de la ESO en un instituto público en el que se sintió bien acogido y acompañado. Asistía al aula de acogida, recurso que algunos centros tienen para acompañar al alumnado que necesita mejorar sus habilidades  comunicativas y de comprensión. Además, Aymane participaba en las clases de refuerzo de Bayt al-Thaqafa para seguir mejorando su nivel de catalán y castellano.

Actualmente Aymane está cursando un PFI de electricidad y electrónica. Su deseo es seguir su formación con un Grado Medio de mantenimiento de embarcaciones. Sin embargo, hay un factor que amenaza este proyecto formativo de Aymane. Él y su familia se encuentran en situación administrativa irregular. En el estado español el estatus legal de un menor viene dado por el estatus legal de los progenitores, por un “concepto” del derecho conocido por el ius sanguini. Si los progenitores de un menor se encuentran en situación irregular estos pasan automáticamente a estar en la misma situación.

Pero la madre de Aymane ha logrado un trabajo, por lo que podrá regular su situación y la de su hijo menor. Para poder regularizar la de su hijo mayor, los trámites deberán resolverse en los próximos meses, antes de que Aymane cumpla los 18 años.  Si la regularización llega después, Aymane deberá intentar regularizar su situación mediante el proceso de arraigo que obliga la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (la conocida como Ley de Extranjería): disponer de un empadronamiento ininterrumpido durante 3 años y un contrato laboral de un año de 40 horas semanales. Aymane deberá dejar de lado su proyecto formativo y tendrá que buscar un trabajo.

Encontrar un centro, una carrera de obstáculos

El derecho a la educación está recogido en tratados nacionales e internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En el Estado español, la Constitución garantiza el derecho a la educación de todas las personas menores y según el artículo 9 de “ley de extranjería” existe hasta los 16 años «el derecho y el deber a la educación, que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria». En Catalunya, la Llei dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l'Adolescència establece que los niños, niñas y adolescentes en situación administrativa irregular tienen el derecho a recibir una educación.

Para los menores con referentes familiares en el territorio, el derecho a la educación en Catalunya está garantizado durante la etapa de enseñanza obligatoria. Las dificultades aparecen cuando una persona en situación irregular, como Aymane, quiere seguir su formación con estudios postobligatorios.

En primer lugar, existen centros que ponen obstáculos a las personas en situación irregular para matricularse. “Mis tutores me ayudaron a encontrar un centro donde pudiera estudiar un PFI”, explica Aymane. Tampoco se podrá solicitar una beca pues para ello es necesario tener permiso de residencia.

Otra de las dificultades está vinculada a la homologación de los títulos de los estudios realizados en los países de origen, requisito indispensable para cursar formaciones post obligatorias. Se trata de procesos lentos, complejos, con distintos criterios según el país de origen de la persona, que representan una traba añadida.

La vulneración de derechos en cuanto a la educación también se produce en la obtención de las titulaciones. Hasta el curso pasado, se necesitaba un número de afiliación a la Seguridad Social para realizar las prácticas curriculares de estudios postobligatorios, algo de lo que una persona en situación administrativa irregular no dispone, ya que no tiene reconocido el derecho al trabajo regular. Durante el curso 2019-2020, esto ha cambiado y la normativa catalana permite realizar las prácticas curriculares con la Tarjeta Sanitaria del Servei Català de la Salut. Sin embargo, esta normativa no sólo ha llegado tarde sino que desde Bayt al-Thaqafa hemos comprobado cómo numerosos centros no conocen la nueva normativa y, por lo tanto, tampoco la aplican. En este sentido, la educadora Rocío S. afirma que “he atendido a jóvenes que no han podido seguir estudiando por la imposibilidad de realizar las prácticas curriculares en los centros que habían escogido”. Así pues, encontrar un centro donde poder cursar los estudios supone una carrera de obstáculos.

Menores sin referentes adultos: irregularidades en el acceso a la educación obligatoria

Aunque las vulneraciones del derecho a la educación se producen sobre todo en el nivel post-obligatorio, hay situaciones en las que se también se dan en la etapa de educación obligatoria: es el caso de los y las menores migrantes sin referentes adultos en el territorio.

A menudo, la fiscalía de menores determina la edad de la persona mediante una prueba ósea, que organismos como Naciones Unidas o el Síndic de Greuges han considerado poco fiable. Durante el periodo de espera de los resultados que determinarán si la persona entra en el sistema de protección de la Generalitat, ésta permanecerá fuera del sistema educativo reglado, realizando cursos de lengua o de formación profesional.

Un sistema que falla y desmotiva

La educación es un derecho esencial en la vida de las personas. Los obstáculos que Aymane y demás jóvenes encuentran suponen una vulneración de las normas estatales e internacionales. “La Ley de extranjería vulnera muchas normas y derechos internacionales en el ámbito de la educación y tiene un interpretación tan vulnerable y precaria que la mayoría de los menores en situación irregular elige dedicarse a un trabajo para el que no necesitan formación”, afirma Sara Bajiji, responsable del programa de Asesoramiento Jurídico de Bayt al-Taqhafa.

Aymane lanza un mensaje poco esperanzador cuando describe la impotencia que siente cuando ve a jóvenes con todas las oportunidades que no quieren seguir formándose y él, con tantos sueños y ganas de estudiar, podría tener que renunciar a sus prioridades y buscar un trabajo.

Equipo No discriminación y Comunicació