Personas migradas, vecinos y vecinas sin derecho a voto
22/05/2019
Este año los ciudadanos catalanes hemos sido convocados a las urnas por partida doble: a las elecciones generales el pasado 28 de abril y el próximo 26 de mayo en los comicios municipales y europeos. Pero, ¿nos preguntamos quién puede votar? ¿Tenemos todos y todas los mismos derechos? El derecho político es, junto con los derechos civiles y sociales, un derecho fundamental pero, en la práctica, permanece en un segundo plano. Para muchas personas todavía queda muy lejos de la realidad poder tomar partido de las decisiones y expresarse políticamente.
En las elecciones generales sólo pueden votar las personas con nacionalidad española. En las municipales y europeas se añaden con derecho a voto los residentes comunitarios y las nacionalidades no comunitarias que tienen convenio bilateral: Bolivia, Cabo Verde, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Chile. En cambio, no tienen convenio países de donde proceden la mayoría de personas migradas en Cataluña como Marruecos, Rumanía, Honduras, Pakistán y China. Así pues muchos vecinos, vecinas y residentes no podrán decidir quién quieren que gobierne en los municipios donde residen. En Cataluña significa que aproximadamente el 15% de la población no tiene derecho a voto, y, dependiendo del municipio la situación se agrava. Es el caso de Salt, que tiene un 33% de vecinos y vecinas que no pueden ejercer su voto; Figueres, un 26% o Banyoles, un 18%*.
Las limitaciones para ejercer el derecho a voto en España tienen directamente que ver con la posesión o adquisición de la nacionalidad. Esta se transmite por el ius sanguinis (derecho de la sangre), es decir, para tener la nacionalidad española es necesario que el padre o la madre la tengan. También puede adquirirse en algunos casos cuando los progenitores no son de nacionalidad española pero el proceso es lento y farragoso. Así pues, quien no tiene la nacionalidad no tiene derecho a votar, y eso se traduce en una falta no sólo de derechos políticos y de participación política sino de reconocimiento de la persona extranjera como ciudadana legítima. En este sentido, Ana Gómez-Salas, abogada de IACTA, apunta: "la Constitución menciona que los ciudadanos podrán votar, pero sólo se refiere a los nacionales; hay un déficit democrático que tiene una repercusión directa en la integración de las personas. El derecho político se encuentra en la cola del abanico de derechos, y sólo entra a debate en épocas electorales". La vulneración de este derecho es aún más flagrante en los casos de personas que han nacido en el territorio, han crecido, se han socializado y contribuyen con sus impuestos, pero que ante un derecho tan fundamental como es el voto encuentran vetada su opinión y su derecho de sufragio.
Responsabilidad colectiva
Lograr una sociedad justa donde todas las personas tengan reconocidos sus derechos políticos es de todos y todas. Por ello, con la voluntad de dar a conocer la vulneración de los derechos políticos y luchar contra esta forma de racismo institucional, desde nuestro Programa de Igualdad y No Discriminación promovimos dos mociones en los consistorios de los municipios de Sant Feliu de Llobregat y Sant Vicenç dels Horts, localidad donde tenemos una de nuestras sedes, pidiendo su compromiso a actuar para conseguir el derecho a voto para todas las personas. En ambos casos las mociones se aprobaron de manera mayoritaria.
Con el mismo objetivo organizamos junto con la Plataforma por el derecho de voto e IACTA dos mesas redondas en las mismas localidades donde promovimos las mociones. Durante las charlas se manifestó que el reconocimiento de los derechos políticos es necesario para una verdadera convivencia y se propuso buscar alternativas para definir la ciudadanía sin que exista este vínculo con la nacionalidad.
Otra iniciativa que también busca denunciar esta situación y que está teniendo un eco considerable en las redes sociales es la campaña "Votar es un derecho", promovida por Safia Elaaddam y Ahmed Nasser El Alaoui. "Votar es un derecho" reclama el derecho a voto para las personas que son extranjeras de nacionalidad pero no lo son de facto: una gran mayoría son residentes e incluso algunas han nacido en territorio español. La campaña consiste concretamente en poner en contacto personas que pueden votar -abstencionistas, principalmente- con personas que quieren votar pero tienen este derecho vetado. "Algunos somos muy activos en el activismo social y político en nuestra sociedad y no tener la nacionalidad española se convierte en un problema que va más allá. Queremos denunciar la burocracia que supone la adquisición de la nacionalidad, que está directamente relacionada con la ley de extranjería ", explica Ahmed.
Como vemos, la lucha por los derechos empieza a hacerse visible con las campañas de sensibilización. Pero tenemos que mirar hacia una solución real del problema. No es justo ni democrático que siga habiendo ciudadanos de primera y residentes de segunda en nuestra sociedad. Es necesario reabrir el debate sobre lo que significa ser ciudadano o ciudadana y buscar mecanismos para conseguir una equiparación de derechos.
* Datos de la Plataforma vot per Tothom
