Ciudadanía en venta: el arraigo en el estado español
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) reconoce el derecho a salir de cualquier país, pero no contempla el de entrar a otro. Así pues, los estados se encargan de gestionar los requisitos para la obtención de la ciudadanía en su jurisdicción. Como consecuencia, en algunos países las personas migradas se encuentran con dificultades y requisitos específicos para regularizar su situación en el país de destino.En el Estado español, la LOEX, la ley que regula los derechos de las personas estrangeras, propicia una red ilegal de venda de contratos laborales ficticios, imprescindibles para conseguir la regularización según el marco legal actual.
Para poder residir y trabajar en el Estado español, es necesario solicitar la autorización desde el país de origen. Esto solo es posible mediante la adquisición de un contrato de trabajo en los sectores con una demanda laboral que el estado considera que no puede ser cubierta por la población residente. Este requisito, casi imposible, empuja a las personas a migrar de manera irregular. Tanto estas personas com las que han caído en situación administrativa irregular, sólo podrán acceder a la regularización por circunstancias excepcionales, siendo las más comunes el arraigo social y el arraigo laboral.
En cuanto al arraigo laboral, este únicamente puede solicitarse cuando se puede demostrar una relación laboral no inferior a 6 meses y se ha estado en territorio español durante un período mínimo de 2 años demostrables, dejando desprotegidas a personas que hayan llegado después. Además, es necesario demandar al empleador, así que conlleva una posible pérdida del lugar de trabajo. Por otro lado, el arraigo social requiere un contrato laboral de como mínimo un año de duración a jornada completa o dos de media jornada con la misma actividad, en este último caso, en el ámbito agrícola. Por tanto, depende directamente de la solvencia del empresario y no de la persona migrante contratada.
Así pues, únicamente las personas "productivas" para el estado son candidatas para formalizar su residencia en España, realidad contraria a los Derechos Humanos, de carácter universal. Además, los requisitos necesarios no son coherentes con la situación económica actual, en la que destaca una precarización laboral generalizada. Red Acoge (2020) también expone que el tiempo exigido para conseguir cualquier tipo de arraigo implica que un gran número de personas extranjeras que han llegado a España queden excluidas de protección por no ser consideradas parte de la ciudadanía, así que se ven obligadas a soportar abusos laborales por parte de empleadores (en cuanto a salarios, días de descanso, accidentes o riesgos laborales), a quien no denuncian por miedo a perder el sitio de trabajo.
Redes ilegales y estafas
Esta situación legislativa tan estricta ha propiciado la creación de una red ilegal y fraudulenta de compraventa de contratos laborales falsos. Los medios de comunicación se han hecho eco en varias ocasiones y desde hace años de como los empresarios se aprovechan de la situación del colectivo migrante y les ofrecen documentos falsificados que acreditan los requisitos impuestos por la administración. El precio de estos contratos ficticios puede llegar hasta los 7.000 euros o más, suma de por sí importante pero aún más desorbitada si se tiene en cuenta que muchas de estas personas provienen de países en los cuales la equivalencia salarial media en euros es ínfima. Por ejemplo, el salario en euros medio (2017) en Argelia es de 299,26 euros y en Etiopía, de 41,76€. Por tanto, los ahorros no suelen ser suficientes para costear el trámite, así como tampoco lo serán los ingresos que se puedan obtener de la economía sumergida, la única a la que pueden recurrir. En muchas ocasiones, las personas se tienen que endeudar con organizaciones delincuentes para poder pagarlo. A menudo, los contratos no garantizan la regularización residencial, como cuando la corporación emisora tiene deudas con Hacienda o se descubre una actividad criminal de la empresa.
En Bayt conocemos esta realidad. Algunas de las personas que acompañamos, como Hassan Sherioui, han comprado un contrato falso para regularizar su situación. Nizar Zaghmouri, técnico de Bayt al-Thaqafa, tiene constancia de como algunas de estas personas han sido estafadas o se han endeudado tanto para adquirir el contrato como para hacer frente a los pagos de la seguridad social, de los que también se deben hacer cargo. Tanto Hassan como Nizar coinciden con Ana Gómez, abogada de Bayt al-Thaqafa experta en temas de migración, en que la ley es la principal causante de esta red, ya que los requisitos que se piden son incoherentes con la realidad socioeconómica del estado español. Por tanto, si se suprimieran estas condiciones las personas no se verían obligadas a recorrer a esta actividad para obtener el arraigo. Al tratarse de algo irregular, las personas compradoras de contrato quedan totalmente desprotegidas y no pueden reclamar nada si la operación no tiene el resultado esperado. En algunos casos, además, pagan una gran cantidad de dinero que no recuperarán si no se acepta el documento. Por lo que respecta a abonar el precio de los contratos, los testimonios exponen que las organizaciones emisoras ponen facilidades a los compradores, especialmente si hay confianza entre ambas partes, como por ejemplo aceptando un pago fraccionado. Con todo, en algunos casos los compradores no ven nunca a los vendedores, o solamente para firmar y darles el dinero. Este anonimato favorece las estafas, que según los informantes son frecuentes.
En cuanto a las posibles soluciones del problema, Gómez considera que no es cuestión de cambiar un artículo o una ley, sino que el problema está en cómo se percibe la migración en el marco legal en general. España entiende el fenómeno como una amenaza, algo de que protegerse, y vincula el acceso a la regularización a las necesidades del mercado laboral. Si se entendiera la migración como un derecho, y a la persona migrante como sujeto de derechos que el estado debe garantizar, la situación sería diferente. La migración, señala, no es un fenómeno aislado, y no puede separarse de otras cuestiones como la educación, los Derechos Humanos o la salud.
Para acabar con esta situación, que perjudica enormemente a las personas migradas, es necesario replantear el modelo de ciudadanía del estado español e incorporar un enfoque que contemple todas las personas que se encuentren dentro de la jurisdicción de un país. Migrantes, nacionales y apátridas tenemos todos los mismos Derechos Humanos. Más allá de represaliar a los vendedores de contratos, hace falta acabar con la raíz del problema: una ley abusiva que por si misma fomenta la creación de estas redes clandestinas.
Autor: Nil Requena
Equipo de No discriminación - Comunicación
